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En Australia, las rompientes han sido protegidas de dos formas. En primer lugar, destacan las reservas de surf, a partir de emblemático reconocimiento de Bells Beach (estado de Victoria) como una reserva de surf y, posteriormente, del establecimiento de un programa de reservas nacionales de surf. En segundo lugar, Australia tiene normas clave, como la Ley de Gestión y Protección Costera de 1995, así como procesos bastante avanzados relacionados con la planificación espacial marina, en la que las rompientes son consideradas por su importancia para la recreación y el turismo.

En Torquay, en 1973, se dio primer reconocimiento formal gubernamental de una reserva de surf: la de Bells Beach. La reserva abarca espacios terrestres y en el mar se extiende por 400 metros mar adentro desde la más baja marea. Tierra adentro, la reserva está delimitada por una escultura, un mural y una piedra arenisca grabada con las palabras “Respeta el océano – Espíritu del surf”. También incluye infraestructura para promover el uso público de la rompiente: un estacionamiento, pasarelas y rampas de acceso hasta la orilla de la playa.

Mapa de los puntos de surf de Bells Beach, desde Torquay hasta Point Addis. Fuente: Guy's Surfari Maps.

La reserva es reconocida como un paisaje histórico de importancia cultural para los surfistas australianos recreativos y competitivos. Se encuentra inscrita en el Registro del Patrimonio de Victoria (como la "Reserva recreativa de surf de Bells Beach”) y en la Lista del Patrimonio Nacional de Australia.

El proceso, que culminó con este reconocimiento, inició con la petición de establecimiento de un comité de gestión para Bells Beach. En 1966, durante una reunión pública, se eligió al primer comité, que dependía de la Comarca de Barrabool. En los años siguientes, el comité avanzó en los planes para la identificación formal de una reserva dentro de una parcela de terreno de la Corona adyacente a la costa, que ya había sido identificada como sitio para fines públicos en 1880 y declarada inalienable (es decir, reservada permanentemente a la venta) de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Suelo de 1869. El comité sugirió que este terreno se denominara Reserva Recreativa de Surf de Bells Beach y que se gestionara como tal.

Esto condujo a la elaboración de un reglamento aplicable a la nueva zona de reserva, en el marco de las disposiciones de la Ley de Tierras de 1958, y al nombramiento de la Corporación de la Comarca de Barrabool como comité de gestión. Por otra vía legislativa, se asignó el nuevo nombre en virtud de la Ley de Coordinación de Estudios Topográficos (topónimos).

En 1993, una nueva ronda de cambios legislativos condujo a la creación de 14 reservas costeras y de la zona litoral de Victoria en virtud de las disposiciones de la Ley de Tierras de la Corona (reservas) de 1978, entre las que se encontraba la Reserva Recreativa de Surf de Bells Beach. Dicha ley sigue vigente en la actualidad y se centra en el cuidado, la protección y la gestión de las reservas, con lo que delimita las funciones de los comité de gestión de las reservas.

Actualmente, la reserva es administrada por el Consejo Costero Local de Surf (Surf Coast Shire Council) con respaldo del Departamento de Sostenibilidad y Ambiente, en cumplimiento de la Ley de Tierras de la Corona de 1978, y comprende 48 hectáreas de brezales costeros, acantilados de piedra caliza, arrecifes y playas de arena adyacentes a un tramo de dos kilómetros de costa. El Consejo adoptó un Plan de Gestión específico para la Reserva en 2004, elaborado según la Ley de Gestión Costera de 1995 y la Estrategia Costera de Victoria de 2008. De acuerdo con aquella, cualquier uso o desarrollo de la reserva requiere el consentimiento del Departamento de Sostenibilidad y Ambiente. 

El marco de gestión actual se revisó entre 2014 y 2015, mediante la elaboración del Plan de Gestión Costera de la Reserva Recreativa de Surf de Bells Beach 2015-2025. Este proceso participativo incluyó una amplia consulta pública, y fue seguido por un proceso de revisión adicional, entre 2019 y 2020, que condujo, en 2021, a la adopción de actualizaciones del plan de gestión.

El proceso de revisión también se vio influido por el establecimiento de una autoridad de gestión de parques dedicada, por ley, a proteger y gestionar las tierras costeras de la Corona y las aguas marinas a lo largo de la Great Ocean Road. Los desarrollos impulsados por el gobierno estatal se asociaron con la promulgación de la Ley Marina y Costera de 2018, en cuya virtud fue aprobado el Plan de Gestión Costera de la Reserva Recreativa de Surf de Bells Beach, cuyos requisitos fueron incorporados directamente en la actualización más reciente del plan.

De esta manera, a pesar de no haber sido declara Reserva Mundial del Surf (World Surfing Reserve) ni ser una Reserva Nacional del Surf (National Surfing Reserve), Bells Beach es la primera reserva de surf de la historia, decretada como tal en 1973 por Surfing Victoria, en conjunto con los surfistas locales y el Consejo de Torquay. Las funciones de los comités locales se mantienen en estas nuevas disposiciones, con lo que permanecen allí desde 1971. La comunidad local participa en la gestión de la reserva a través del Comité de Bells Beach, que incluye a representantes de la comunidad local y de la Corporación Aborigen de Propietarios Tradicionales de Wadawurrung y de Surfing Victoria. 

La preocupación por el futuro de las rompientes motivó a un grupo de australianos, liderado por los cofundadores Brad Farmer y Andy Short, con el apoyo del entonces ministro federal de Ambiente, Peter Garret, y el ministro de Tierras del Estado, Tony Kelly, a crear, en 2005 un Comité de Reservas de Surf. El propósito era proteger áreas de Surf de importancia local y nacional al reconocerlas como reservas nacionales de surf. Esto permite designar un área para el uso de los surfistas como sitios de importancia histórica, cultural y ambiental para el surf en Australia. La intención de este reconocimiento es doble: por un lado, contribuye con la preservación, a largo plazo, de las rompientes de surf; por otro, otorga a la comunidad local una voz y una plataforma reconocida para participar en procesos más amplios de toma de decisiones que afectan la costa.

La primera reserva de surf fue establecida en Maroubra, Nueva Gales del Sur (NGS), en 2006. Esta fue, en realidad, una declaración simbólica, ya que no constituía un reconocimiento contemplado en la legislación. Sin embargo, a partir de ello, y en alianza con la National Surfing Reserves de Australia, el Departamento de Tierras de Nueva Gales del Sur comenzó a dotar de reconocimiento legal a las rompientes en virtud de la Ley de Tierras de la Corona de 1989. De esta manera, pasaron a ser designadas por el Departamento de Tierras como reservas de la Corona, y publicadas como tales en el Diario Oficial, con el fin de reconocer las cualidades históricas, culturales y medioambientales importantes para los sitios de surf. Así, el ministerio competente puede crear reservas que establezcan controles sobre el desarrollo mediante la elaboración de planes de gestión de las reservas y su consideración en evaluaciones de impacto ambiental.

Los sitios de Surf designados como reservas nacionales de surf bajo la Ley de Tierras de la Corona de 1989 requerían de un sistema de “fideicomiso de reserva”, mediante el cual, con apoyo de la Oficina de Tierras de la Corona, se proporcionaba a la comunidad de surfistas una voz sobre asuntos relacionados con el sitio y su desarrollo, y se elaboraba un plan de manejo para abordar los problemas ambientales y determinar las responsabilidades asociadas con su manejo.
 
La Ley de Tierras de la Corona de 1989 fue derogada posteriormente por la Ley de Gestión de Tierras de la Corona de 2016 (LGTC) que consolida ocho actos legislativos anteriores e incluye requisitos más estrictos para la participación de la comunidad en la gestión de las tierras de la Corona. Esta norma no afecta el reconocimiento previo de las reservas nacionales de surf.

En virtud de la Ley de LGTC, los terrenos de la Corona de importancia local son gestionados por los ayuntamientos como si fueran terrenos públicos de propiedad municipal. Esta característica supone un cambio significativo con respecto al sistema anterior, en el que las funciones de gestión corrían a cargo de los fideicomisos de reservas. Además, deben elaborarse planes de gestión para todas las reservas de la Corona; sin embargo, en relación con el número de reservas existentes, a la fecha se han elaborado pocos planes de gestión,

Un lugar se puede considerar como reserva de surf según la calidad y consistencia de su surf, y según la relación entre el surf y los surfistas (que debe ser prolongada y consistente). Una reserva nacional de surf debe cumplir con los siguientes tres criterios, que se acompañan con ejemplos tomados, precisamente, de Australia:

1. Calidad persistente de las olas; una rompiente de surf de clase nacional o mundial. Ejemplos: North Narrabeen o Snapper Rocks.
   
   

2. Un lugar considerado sagrado por los surfistas, locales y nacionales. Ejemplos: Angourie, Crescent Head).
   
   

3. Uso prolongado de la playa y el entorno de olas por parte de la comunidad de surfistas local y nacional, como ocurre con un club de salvamento o un club de tablistas con historias significativas. Ejemplos: Maroubra, Killalea).

Ahora bien, el proceso para establecer una reserva nacional de surf es el siguiente:

1. La comunidad local la que da inicio al proceso de nominación (suele ser un club de surf o grupo de surfistas locales).
   
   

2. La nominación es aprobada por el Directorio de National Surfing Reserves.
   
   

3. Se crea un folleto que capture la historia del surf en esa ubicación, las historias de las culturas aborígenes asociadas con el área, las condiciones de las olas, las configuraciones de descanso y la cultura de surf más reciente de la comunidad local.
   
   

4. Se instala una placa en el sitio.
   
   

5. Se realiza una ceremonia de dedicación en colaboración con las autoridades locales y estatales. 
   
   

Estos pasos suelen tardar 1 año en cumplirse. Es la comunidad la que decide cuánto se extiende la reserva a lo largo de la playa. Si bien el propósito de las reservas se centra en el desarrollo de un sentido de comunidad e identidad para su gestión y protección, el reconocimiento legal aún no se logra en otros estados australianos fuera de Nueva Gales del Sur.

Actualmente, hay 19 reservas nacionales de surf en Australia: Noosa, Gold Coast Point Breaks, Boganger-Cabarita, Lennox Head, Angourie, Crescent Head, Merewether, North Narrabeen, Manly-Freshwater, Bondi, Cronulla, Killalea, Phillip Island, Mid Coast, Daly Head, Point Sinclair, Margaret River, Yallingup y Kalbarri.

Placa de la Reserva Nacional de Surf de Merewether. Fuente: Mauro Figueiredo (cortesía).

La Reserva Nacional de Surf Lennox, designada el 16 de febrero de 2008, se ubica al sur de Byron Bay y al norte de Ballina en la costa de NGS. La Reserva de Lennox abarca varios sitios de Surf desde point breaks hasta beach breaks, y abarca un total aproximado de 7,5 kilómetros de agua costera y un área de 400 hectáreas. Aunque esta reserva está reconocida por el Departamento de Tierras de NGS, hasta la fecha la junta fiduciaria no ha establecido un plan de gestión para abordar las amenazas que pueden afectar la calidad de las olas Es información ha sido tomada de Giles Boundy Giles ("How to Provide for Surfing as a Legitimate Activity in Regional Plans", 2008). Foto: Peter Green (1937).

La Estrategias de Playas del Océano 2013-2023 (EPO) tiene por objeto alcanzar las mejores prácticas para la administración diaria y de largo plazo de las playas de la ciudad del Gold Coast. Uno de sus principales objetivos es proteger las infraestructuras locales de los peligros costeros.
 
Una de las acciones clave y resultados estratégicos de la EPO (1.3) era elaborar un plan de manejo de surf, que apoyara la actividad del surf en Gold Coast, mediante la que se reconociera la importancia del surf en la cultura y economía de la ciudad. En 2013, la Surfrider Foundation de Gold Coast solicitó al Consejo elaborar un su Plan de Manejo de Surf que fue aprobado por el Consejo en 2015 y que, recientemente, ha sido renovado por otros cinco años. 

Gold Coast es una de las National Surfing Reserves (2012) y una World Surfing Reserve por Save The Waves Coalition (2016). Para nominarse como WSR, es necesario desarrollar un plan de gestión y formar un comité local de gestión. El Consejo de la ciudad estableció que el plan de manejo del surf sería el plan de gestión de la WSR. Foto: Luke Sorensen.

El Plan de Manejo de Surf de Gold Coast es el primero que ha sido desarrollado como tal. Reconoce que las playas de Gold Coast significan un valioso activo natural que contribuye en millones de dólares al crecimiento de la economía local; y reconoce, asimismo, su importancia para la cultura de la ciudad. Además, aborda los procesos físicos, sociales y legislativos relacionados con el surf. Está integrado con el Plan del Consejo 2022-2027 y, en línea con el EPO, busca balancear los intereses de todos los usuarios de la costa.

Gracias al Plan de manejo de Surf de Gold Coast, se han hecho modelamientos del oleaje para identificar las zonas más adecuadas para proyectos costeros que pueden mejorar las olas, como la construcción de arrecifes artificiales.

Además, la ciudad debe cumplir con la Ley de Gestión y Protección Costera de 1995, que asegura que las actividades no afectan de forma adversa los procesos costeros, la calidad del agua, la ecología marina, la pesca y la seguridad de la navegación. Esta ley es considerada en los procesos de planificación, regulados en la Ley de Planificación Sostenible de 2009, la cual requiere que las obras en aguas costeras o intermareales no pueden llevarse a cabo sin permisos.  

La ciudad también cuenta con leyes locales relevantes, tales como la Ley Local 10 de Gold Coast de 2014. Esta Ley establece reservas de baño que cubren la zona costera de todas las playas de Gold Coast al sur de Seaway y se extienden, desde la marea de primavera media de bajamar, a un kilómetro de la costa. Las únicas zonas que no han sido consideradas como reservas de baño están en las bocas de Tallebudgera y Currumbin Creeks, Seaway y alrededor del embarcadero de bombeo de arena de Seaway. Dentro de las reservas de baño, los salvavidas pueden marcar “áreas de baño”, que deben tener un límite mar adentro de 400 metros. Los salvavidas también pueden cerrar una reserva de baño debido a condiciones inseguras, lo cual aplica al baño, pero no al surf. Dentro de las áreas de baño, para prevenir accidentes, se pueden establecer prohibiciones por zonas para el uso de tablas hawaianas o motos acuáticas.

imagen de los límites del área de baño de acuerdo con la la Ley Local 10 de Gold Coast. Fuente: Gold Coast Surf Management Plan.

La Ley Local 9 de Gold Coast de 2008 sobre Parques y Reservas, por su parte, permite que la ciudad regule y administre actividades en lugares públicos y reservas como si estos tuvieran la designación de parques públicos. Si una zona costera de playa no es designada como una reserva de baño en virtud de la Ley Local 10, se aplica sobre ella la Ley Local 9, y por tanto es nombrada como lugar público. De acuerdo con esta ley, la ciudad regula las actividades en la zona costera de playa, y las actividades comerciales requieren de un permiso para operar en estos lugares.

La zona costera de playa es definida en el Reglamento de Gobierno Local de 2012 como la tierra que se extiende entre la marca de la alta marea y de la baja marea durante las mareas de primavera ordinarias.

La regeneración o reposición de playas ha construido un elemento fundamental en la gestión de las playas de la ciudad durante los últimos 40 años. Esto implica vertidos o bombeos de arena, realizados desde una fuente externa al activo sistema de playa, para ensanchar la playa y la zona de surf influenciada por las olas. Esto ha sido recomendado por el Laboratorio Hidráulico de Delft como una mejora para las playas afectadas por la erosión. Se han implementado proyectos de regeneración de playas a lo largo de la costa, desde Main Beach hasta Coolangatta, desde principios de la década de 1970.

El tamaño y la escala de cada proyecto ha variado; sin embargo, el propósito común de cada proyecto ha sido el de ayudar a las playas a recuperarse después de largos períodos de erosión o tras los impactos de los ciclones tropicales. Por lo general, la arena dragada se coloca en altamar, lo que permite que la energía de las olas, con el tiempo, mueva la arena hacia la costa. En algunos casos, el uso de tuberías temporales permite que la arena sea bombeada y dispersada en la playa cerca de la costa.

La ley que regula las áreas protegidas en Australia es la Ley de Conservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad de 1999  (EPBC). Esta ley establece un marco legal para la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Asimismo, La La EPBC proporciona el marco, a nivel federal, para la identificación, la designación y la gestión de áreas protegidas en Australia, bajo las categorías de parques nacionales, reservas naturales, áreas de conservación marina, parques marinos y otras áreas de importancia ecológica.

A nivel federal, la Ley de Parques Nacionales y Vida Silvestre de 1974  de Nueva Gales del Sur (LPNVS) puede utilizarse para proteger diversos ecosistemas. Por ejemplo, la comunidad local de la Reserva Nacional de Surf de Killalea promovió el establecimiento de un parque regional en virtud de la LPNVS. que dota de mayor protección a dicha reserva. Al estar situada en Nueva Gales del Sur, estaba sujeta, como ya se ha mencionado, a la Ley de Gestión de Tierras de la Corona de 2016; no obstante, seguía estando amenazada por proyectos de desarrollo que afectarían significativamente el paisaje. Los terrenos que se querían desarrollar se encontraban dentro de la Reserva de la Corona, lo que hacía temer que el plan de manejo correspondiente no respondiera eficazmente a las necesidades de protección de la zona.

Esta aplicación de la LPNVS sienta un precedente importante para la protección de otras rompientes de surf en Nueva Gales del Sur y en otros estados, ya que puede elevar los niveles de protección y gestión de reservas de surf.

Son diversas las rompientes que gozas de protección indirecta por encontrarse dentro de un área protegida. Algunos retos relacionados con ello incluyen la definición de criterios por los que una rompiente de surf (o una reserva de surf ya existente) podría ser designada como parque o reserva en virtud de la LPNVS, y cómo los planes de gestión pueden abordar la protección de los recursos de surf en estas zonas.

La Reserva Nacional de Surf de Lennox se ubica parcialmente dentro del Parque Marino Cape Byron. Foto: Peter Green.

La Reserva de Surf de Bells Beach se encuentra dentro de una reserva marina en la que el surf es una actividad, además de permitida, reconocida como importante. La Reserva se encuentra regulada por, entre otras normas, las disposiciones de la Ley del Commonwealth para la Conservación de la Biodiversidad y Protección del Medio Ambiente de 1999, que establece requisitos especiales de protección y conservación. Foto: cortesía de Torquay Australian National Museum.

Además de ser una National Surfing Reserve y una World Surfing Reserve, Noosa es un Parque Nacional con icónicos point breaks, como Tea Tree Bay (en la imagen), Granite Bay y Alexandria Bay. La legislación que protege al Parque Nacional otorga también protección a las rompientes. Foto: Javier León.

Burleigh Heads National Park tiene rompientes en su interior. Foto: Andrew McKinnon.

En Australia, la ley que regula la evaluación de impacto ambiental es la Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de 1999 (Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, EPBC). Esta ley establece un marco para la protección y conservación del medio ambiente, en el que se incluye la evaluación de los impactos ambientales de ciertos proyectos.

La EPBC requiere que ciertos proyectos sean evaluados en función de su posible impacto sobre los valores ambientales protegidos a nivel nacional. Así, los proyectos que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente están sujetos a una evaluación de impacto ambiental. Esto implica la presentación de una declaración de impacto ambiental (Environmental Impact Statement, EIS) que describe los posibles impactos del proyecto y las medidas propuestas para mitigarlos.

La evaluación de impacto ambiental también puede incluir consultas públicas y la participación de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. La autoridad encargada de administrar la EPBC es el Departamento de Agricultura, Recursos Hídricos y Medio Ambiente.

En virtud del dragado de mantenimiento, previsto para el 2021, en el canal de entrada y el puerto interior de Geraldton, así como de la colocación del material dragado cerca de la costa de Bluff Point, se realizó una evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto, de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental de Western Australia de 1986. En la consulta a las partes interesadas, relacionada con la evaluación del proyecto, se consideró el impacto que el proyecto podría tener en las rompientes. La conclusión fue que no tendría impactos significativos. Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Dragado de Mantenimiento 2021 del canal de Geraldton.

Desde 1967, se han producido numerosos episodios de erosión a lo largo de Palm Beach, en el Gold Coast. La erosión de Palm Beach amenazó las infraestructuras de primer línea de playa, dejó al descubierto los diques y, debido a la pérdida temporal de la playa, puso en peligro el estilo de vida de los locales. Por ejemplo, en 2009, algunas secciones del malecón quedaron al descubierto y se perdió un mirador debido al fuerte oleaje. Asimismo, durante los ciclones extratropicales de 2013 y 2016, el oleaje alcanzó los límites de muchas propiedades frente al mar en Palm Beach. 

Para solucionar este problema, la ciudad elaboró el Proyecto Palm Beach Shoreline, que consistía en una campaña de regeneración de la playa para estabilizarla con un arrecife artificial. Sin embargo, el proyecto fue abandonado momentos antes de comenzar la construcción, debido a que el análisis realizados mostraron que las rompientes podrían ser afectadas. Las simulaciones y la revisión de la literatura existente demostraron que las olas que rompían en el arrecife, así como las que pasaban por encima de este, se modificaría significativamente y tendrían un impacto negativo importante en el surf existente en la zona.

Aunque el proyecto intentó desarrollar una estrategia de gestión costera integrada y multifuncional, era obvio que la participación pública del proceso, con una consulta preliminar inadecuada, era escasa e insuficiente. Las contradicciones y pruebas limitadas con respecto a la hipótesis de que el proyecto no generaría impacto en las rompientes generaron protestas en la playa que convocaron a más de 1200 personas.

En reuniones posteriores, el Consejo de la Ciudad de Gold Coast sugirió que los servicios que proveen las rompientes se incorporaran a la política estatal para garantizar que la situación de Palm Beach no se replicara en otros lugares. El Plan de Manejo del Surf (Surf Management Plan) fue considerado para estos efectos. Adicionalmente, se identificó la necesidad de utilizar información existente para diseñar estructuras que estuvieran en armonía con las rompientes, o que las mejoraran, sin dejar de proteger la playa.

El arrecife artificial de Palm Beach se construyó finalmente en 2019, en un lugar estratégico hacia el lado de la costa del arrecife natural. De este modo, la estructura se beneficiara tanto del 'preacondicionamiento' de las olas ofrecido por el arrecife natural como del contorno del arrecife artificial alineado con el oleaje. En la solución, fueron recopilados datos sobre el oleaje, el volumen de la arena y las corrientes. También, se utilizaron modelos numéricos y físicos para predecir el rendimiento del arrecife artificial y el comportamiento de las olas, con lo que se aseguraba la práctica del surf.

De esta manera, la construcción del arrecife de Palm Beach creó una ola con buenos resultados, con una ola que rompe generalmente hacia la derecha, aunque si el swell tiene más energía, también surgen izquierdas. Hoy hay consenso de que es una ola surfeable, consistente, si bien requiere de un oleaje de uno a dos metros para funcionar. Para la comunidad, el arrecife creó un nuevo spot de surf, de alta calidad.

Este caso demuestra la importancia de que los promotores y los organismos que otorgan las autorizaciones consideren seriamente, durante la gestión costera, las repercusiones en los lugares para practicar el surf.

Las curvaturas de las crestas de las olas, delineadas en azul, ocurren cuando el arrecife artificial concentra la energía de las olas hacia la cresta. Imagen: Surf Management Plan Five-Year Review (Anexo 1). City of Gold Coast.

Olas de Gold Coast. Foto: Luke Soren.

En Australia no existe propiedad privada en la costa y las aguas. Todas las aguas costeras (hasta las tres millas náutcas) pertecen al Estado, son accesibles al público (a menos que estén restringidas por motivos de salud, seguridad o defensa) y se requiere la aprobación de este para cualquier actividad comercial en esta zona.

Por tanto, si bien existe un principio general en Australia de acceso público a las playas, las leyes que regulan dicho acceso varían según el estado o territorio específico, y pueden diferir en términos de restricciones específicas y derechos de acceso. 

En algunos estados, como Nueva Gales del Sur y Victoria, la Ley de Costas (Coastal Management Act) establece el marco legal para la gestión y protección de la costa, e incluye el acceso público a las playas. Estas leyes suelen proteger el derecho de acceso público a través de la servidumbre de paso y establecen restricciones para la obstrucción del acceso público a las playas por parte de propietarios de tierras privadas. 

En otros estados y territorios, como Queensland, Australia del Sur, Australia Occidental y Tasmania, el acceso público a las playas está protegido por leyes y regulaciones similares. Por ejemplo, en Queensland, la Ley de Costas y Playas Públicas (Coastal Protection and Management Act) establece el marco legal para la gestión de la costa y garantiza el acceso público a las playas.