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ACTUALIZADO: DD/MM/AAAA

En Aoteaora Nueva Zelanda, la gestión costera reconoce el valor de las rompientes y su contribución al carácter natural y al paisaje del litoral. Las rompientes tienen un alto valor recreativo, cultural y de entretenimiento, y constituyen un subsector diferenciado de la industria turística.

Nueva Zelanda es uno de los países pioneros en la protección de rompientes, desde que la Declaración Política Costera de Nueva Zelanda de 2010 (en adelante, Política Costera o DPCNZ) otorgó protección a 17 rompientes por su importancia a nivel nacional

La DPCNZ opera bajo el paraguas y los objetivos de la Ley de Gestión de Recursos de 1991 (RMA por sus siglas en inglés, Resource Management Act). La RMA establece un marco legal integral para la gestión sostenible de los recursos naturales y ambientales, incluidas las zonas marino-costeras. El artículo 57 de la RMA dispone que Nueva Zelanda debe contar obligatoriamente con una política costera y que la autoridad que debe liderar su diseño y cumplimiento es el Ministerio de Conservación.

La Ley de Gestión de Recursos define la ZMC como la zona costera, el fondo marino y las aguas costeras, así como el espacio aéreo sobre el agua. Aunque la Política Costera no define claramente los límites y la jurisdicción en la que pueden operar las autoridades locales, está claro que las actividades realizadas más allá del mar territorial están fuera del alcance de la Política Costera. Asimismo, proporciona orientaciones a las autoridades locales para su interpretación, caso por caso, y para sus procesos de planificación,

En el ámbito terrestre, los propietarios pueden usar sus predios como deseen, a menos que su uso contravenga una regla establecida en un plan (distrital o regional) o una norma ambiental. En dichos casos, se requiere una autorización. Es decir, en tierra, todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. Sin embargo, en el ámbito marino la mayoría de las actividades no están permitidas a menos que estén expresamente autorizadas por una regla en un plan regional costero u otra legislación pertinente. Muchas actividades también pueden ser autorizadas mediante la obtención de una autorización o permiso de recursos, según corresponda, a menos que las reglas pertinentes prohíban específicamente dicho uso.

El componente terrestre del medio ambiente costero, considerando en la definición de 'zona marino-costera', es esencial para abordar el mantenimiento de la calidad del agua y el acceso a las rompientes. Este componente terrestre puede incluirse en las declaraciones políticas regionales para ayudar a gestionar aspectos de la costa que pueden afectar a las rompientes, por ejemplo, en cuanto al acceso y la extracción de arena que pueden alterar el suministro de sedimentos a la costa, o a la escorrentía de cuenca hidrográficas que pueden degradar la calidad del agua.

En virtud de la Ley de Conservación de 1987, el Ministerio de Conservación es el encargado de abogar por la conservación de los recursos naturales e históricos en general. Una de sus responsabilidades en relación con la gestión costera es preparar, supervisar y evaluar la implementación de la Política Nacional Costera, y aprobar todos los planes costeros regionales y cualquier cambio en ellos. Por ello, resulta clave involucrar activamente al Ministerio de Conservación en iniciativas de protección y gestión de rompientes.

En este cuadro, se señalan los componentes de la Ley de Gestión de Recursos de 1991 más relevantes para la gestión de las rompientes, así como las principales autoridades implicadas en esta.

Si bien la Política Nacional Costera no ofrece orientaciones específicas sobre cómo gestionar una rompiente, las declaraciones políticas regionales, los planes regionales, los planes costeros regionales, los planes de distrito y los planes unitarios, deben tener en cuenta lo establecido por la Política Nacional Costera. 

De acuerdo con el RMA, los consejos regionales deben preparar un plan costero regional y también pueden preparar otros planes regionales que no sean incoherentes con este. El objeto de estos planes es dar efecto a las declaraciones políticas regionales y nacionales. La sección 64(2) de la Ley de Gestión de Recursos establece que “un Plan Costero Regional puede formar parte de un Plan Regional cuando se considere apropiado, con el fin de promover la gestión integrada de un Área Marino Costera y cualquier área relacionada del medio ambiente costero”. En consecuencia, algunos consejos regionales han optado por incorporar su plan costero regional dentro de un Plan Regional de mayor alcance. Un ejemplo es el Plan Ambiental Costero Regional elaborado por Environment Canterbury para promover una mejor integración de las respuestas a las preocupaciones que implican actividades basadas en tierra.

En el contexto de la gestión de rompientes de surf, las declaraciones políticas regionales y los planes costeros regionales son instrumentos importantes para la protección de olas. Los planes regionales también deben tener en cuenta cualquier documento de planificación relevante reconocido por una autoridad iwi (figura prominente de la sociedad maorí), o un documento de planificación, presentado al Consejo, producido por un grupo con algún título marítimo consuetudinario en virtud de la Ley del Área Marina y Costera (Takutai Moana) de 2011. Estos brindan más oportunidades a las políticas relevantes para rompientes dentro del marco general de gestión. 

La Política Costera establece directrices que orientan a las autoridades locales en la gestión de los ecosistemas costeros. Para ello, identifica 29 políticas en relación con siete objetivos políticos prioritarios nacionales. La Política 16 exige la protección de las rompientes de importancia nacional que se enumeran en el Anexo 1 de la Política Costera, que son las 17 que se mencionan a continuación:

A su vez, las políticas 13 y 15 de la DPCNZ protegen rompientes de forma indirecta: La política 13 exige preservar el carácter natural del entorno costero y de protegerlo de subdivisiones, usos y desarrollos inadecuados. Cuando el entorno costero sea de carácter excepcional, los efectos adversos deben evitarse a toda costa; en el resto de los casos, se evitan solo impactos significativos. Esto quiere decir que, para determinar el nivel de protección que alcanza una zona, se requiere evaluar el carácter natural del entorno costero de la región y, si en dicha evaluación se determina que este requiere un nivel de protección, se deben adoptar medidas con dicho fin. La Política 13 reconoce que los caracteres naturales no son lo mismo que los elementos naturales, los paisajes o los valores recreativos, que se consideran en la Política 15.


La política 15 ordena la protección de los elementos y los paisajes naturales del medio ambiente costero frente a subdivisiones, usos y desarrollos inadecuados. Para ello, dispone que deben evitarse los efectos adversos de las actividades sobre los elementos naturales y los paisajes excepcionales.

Mientras que la Política 16 se centra en la protección de las rompientes de surf de manera específica, las Políticas 13 y 15 permiten la protección de las rompientes como parte de un conjunto más amplio de valores naturales ("carácter o elemento natural"). Así, estas últimas políticas contienen un mandato para preservar rompientes de importancia regional o local, en función de su carácter, como elemento natural o bien por integrar un paisaje excepcional. El enfoque de la Política Costera de Nueva Zelanda es un buen ejemplo de marco legal que permite establecer protecciones a nivel nacional, y de manera progresiva incluir también rompientes menos conocidas pero de importancia regional y local.

Ubicación de las Rompientes de Importancia Nacional en Nueva Zelanda.

El glosario de la DPCNZ define los siguientes términos:

• Las rompientes de surf constituyen un carácter natural que se compone de oleaje, corrientes, niveles de agua, fondo marino, morfología del fondo marino y viento. El carácter hidrodinámico del océano (oleaje, corrientes y nivel de agua) se combina con la morfología del fondo marino y los vientos para dar lugar a una 'ola surfeable'. Una rompiente incluye la ventana de swell, a través de la cual viaja el oleaje, y la morfología del fondo marino de ese corredor de olas hasta el punto en que las olas creadas por el oleaje se disipan y se vuelven 'no surfeables'.
  
  

• La ventana de swell o corredor de oleaje es la región mar adentro de una rompiente donde el oleaje oceánico se desplaza y se transforma en una 'ola surfeable'.
  
  

• La ola surfeable o apta para la práctica del surf es una ola que un surfista puede surcar. Las olas surfeables tienen un punto de rompiente que se desprende a lo largo de la cresta ininterrumpida de la ola, de modo que el surfista puede surfearla al ser impulsado lateralmente a lo largo de la cresta de la ola.

Durante el desarrollo de la Política Costera, la Junta de Investigación concluyó que algunas de las "rompientes de Nueva Zelanda" son importantes a nivel nacional e incluso internacional, atrayendo a visitantes de todo el mundo, así como proporcionando una variedad de oportunidades de surf, incluyendo algunas para el aprendizaje (...). La calidad de las olas puede verse comprometida por el desarrollo del corredor de oleaje hacia el mar, y el disfrute de las rompientes por parte de los surfistas puede verse comprometido por los efluentes, las limitaciones de acceso y los cambios en los caracteres naturales".

Ahora bien, la Política Costera no proporciona criterios para definir lo que constituye una rompiente de importancia nacional ni adopta ninguna posición sobre la clasificación de las rompientes y su importancia (es decir, importancia nacional, regional o local). La base para la selección de las 17 rompientes a nivel nacional fue la Guía de Surf Wavetrack de Nueva Zelanda, en la que se seleccionaron rompientes con una puntuación de 10 sobre 10 en un ranking definido por el autor. La falta de orientación nacional para aplicar estas políticas ha dado lugar a diversos enfoques regionales.

La intención de la Junta de Investigación de la Política Costera era tener un enfoque inclusivo, ene l sentido de que la lista no es limitada, y que con el tiempo se pueden añadir más rompientes de surf. Además, las rompientes identificadas por las autoridades se reconocen como caracteres naturales excepcionales si cumplen con la definición de rompiente en el glosario de la DPCNZ. La Junta de Investigación de la DPCNZ concluyó "que no debería haber criterios en la política para la selección de nuevas Rompientes de Importancia Nacional, dado que podría haber avances en la metodología de identificación y clasificación de las rompientes". La lista de rompientes de importancia nacional podría ampliarse en su próxima revisión (prevista cada 10 años). Es muy probable que las rompientes que se añadan a la lista hayan sido previamente reconocidas como de importancia regional.

Nueva Zelanda está a la vanguardia en la gestión de rompientes. Ya que las autoridades nacionales, regionales y locales están obligadas a poner en práctica la Política Costera incorporando las rompientes en sus políticas y procesos de planificación.

Como ya se ha señalado, la Política Costera identifica e incluye un listado de las rompientes de importancia nacional, pero no define criterios para determinar cuándo una rompiente debe ser categorizada como de importancia regional o local.

Las autoridades regionales y locales han identificado rompientes de importancia regional para elevar el estatus a un conjunto de rompientes dentro de cada región y, de este modo, dotarlas de cierto grado de protección en los planes y procesos de planificación. Es decir, la categorización de una rompiente como de importancia nacional o regional (o que haya sido identificada aunque todavía no categorizada) está estrechamente vinculado con el nivel de protección propuesto. Según la evaluación que finalizó en 2017 realizada por Orchard, al menos 247 rompientes han recibido cierto nivel de protección en virtud de estas políticas.

Las metodologías para la recopilación de conocimientos locales han incluido talleres, entrevistas, encuestas (tanto presenciales como en línea) y varios métodos de participación de las partes interesadas, incluidos, entre otros, las oportunidades de participación anunciadas públicamente.

Los conocimientos locales también se han incorporado directamente en la identificación de rompientes de importancia regional. Por ejemplo, incluso los enfoques más sencillos que adoptan la forma de "crear una lista" han brindado a los expertos la oportunidad de aplicar su criterio a la hora de determinar qué rompientes incluir.

El Consejo Regional de Taranaki fue la primera autoridad local que dispuso la protección de las rompientes en función de la Ley de Gestión de Recursos. La Política Regional Costera de Taranaki de 2009 reconoce 81 rompientes de importancia regional. Estas se encuentran mapeadas y delimitan la ubicación de una rompiente. Algunas rompientes están dentro de una zona sombreada en amarillo identificada como "zona costera de importancia local o regional", pero no está claro si la extensión del sombreado refleja el área espacial de la rompiente.

La Política Regional Costera de Taranaki hace referencia a las rompientes en términos generales, pero no las menciona en sus objetivos,. [{También se ha señalado la importancia de incluir el concepto de 'corredores de oleaje' ya que la zona marino costera de Taranaki es, en realidad, un gran corredor de oleaje para las 81 rompientes de importancia regional identificadas en la política.

En 2018 se propuso un Plan Costero para Taranki, en el que también se utilizó un enfoque participativo para clasificar las rompientes según criterios de importancia regional. Los resultados de la encuesta comunitaria se publicaron y se analizaron como parte del proceso de revisión del plan.

Coombes y Scarfe (2010) propusieron criterios para la evaluación de los valores de las rompientes durante la formulación de recomendaciones políticas para la Política Regional de Auckland (DPRA). Estos criterios fueron considerados para caracterizar una lista de rompientes regionales identificadas a partir de los aportes de Morse y Brunskill (2004), de la información de la Surfbreak Protection Society (una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva Zelanda) y los conocimientos locales del consejo. Los criterios no se utilizaron para clasificar las rompientes en categorías como regional o localmente significativas, sino para proporcionar relevante sobre su gestión (Coombes y Scarfe, 2010; McNeil y Coombes, 2012). La propuesta de lista de rompientes de importancia regional fue sometida consultas con la comunidad, lo que dio lugar a varias modificaciones antes de ser adoptada dentro del Plan Unitario de Auckland, que incorporaba a la Política Costera de Auckland (AC, 2016).

Aunque los criterios de evaluación propuestos por Coombes y Scarfe (2010) no se utilizaron directamente para identificar la importancia, han influido y han servido de base para nuevas investigaciones en los años siguientes.

En 2011, las rompientes de importancia regional fueron consideradas en el contexto de estudios de planificación en los distritos de la Bahía de Plenty y Gisborne (Peryman, 2011). En el estudio de Gisborne, se realizaron encuestas para recabar información de los miembros de la comunidad sobre la importancia de 20 factores relevantes para las rompientes de urf (Coombes y Scarfe, 2010, y Peryman, 2011). En ell estudio de la Bahía de Plenty, se utilizó un conjunto reducido de 11 criterios de evaluación siguiendo un enfoque similar (Peryman, 2011). Los datos combinados de ambos estudios fueron evaluados por Peryman y Orchard (2013) para identificar las principales categorías de valor asociadas a las rompientes desde la perspectiva de las comunidades costeras de esas regiones. 

En estos estudios, las rompientes seleccionadas ya habían sido nominadas por su importancia regional por los interesados locales, en lugar de haber sido identificadas a través de un proceso de evaluación propiamente diseñado para ese fin. El objetivo era comprender los valores asociados con las rompientes regionales desde una perspectiva comunitaria más amplia. En este sentido, el razonamiento fue similar al de Coombes y Scarfe (2010; también se puede consultar McNeil y Coombes, 2012), pero, precisamente para incorporar una perspectiva comunitaria, se extendió más allá de la evaluación de un panel de expertos. Los valores identificados proporcionaron pruebas útiles para apoyar la selección de criterios para evaluaciones regionales más exhaustivas.

Dichos valores son, entre otros, los beneficios para la salud física y mental, los valores educativos, de estilo de vida, espirituales, experienciales y de entretenimiento, el uso y disfrute cultural, la importancia cultural de algunos sitios identificados, la importancia de los elementos naturales y los efectos económicos de las actividades comerciales.
 
El Consejo Regional de la Bahía de Plenty también cuenta con una Política Regional Costera. Específicamente, su política CE 8B vela por que se garantice que la subdivisión, el uso y el desarrollo sean adecuados y compatibles a los elementos naturales del entorno costero.

En Northland se utilizaron criterios para identificar rompientes de importancia regional, las que luego fueron incluidas en un plan legal. Los principales atributos considerados para la evaluación fueron, entre otros, la rareza de los tipos de rompientes, la calidad de las olas, la consistencia, la singularidad, la conservación de la naturaleza, el nivel de uso, el valor económico y la educación.

El concepto de 'importancia regional' derivó finalmente en un Análisis Multicriterio de suma ponderada. El resultado fue una puntuación sumada de 60 para cada rompiente: esta debía alcanzar o superar el umbral de 31 puntos para ser categorizada como rompiente de importancia regional (NRC, 2016).

La Ordenanza de Seguridad de la Navegación en Waikato (2003-2020) fue establecida en virtud de la Ley de Transporte Marítimo de 1994, y se aplica a la mayoría de las aguas navegables dentro de la jurisdicción del Consejo Regional de Waikato. Su principal objetivo es reducir los conflictos entre los grupos de usuarios y las modalidades de ocio acuático. De esta manera, se pueden separar las actividades incompatibles en aguas superficiales, como los canales para embarcaciones y las zonas de rompientes, con especial atención a la seguridad (Consejo Regional de Waikato, 2020).

Raglan, el destino de surf más conocido del país, fue regulado en una actualización de la ordenanza realizada en 2003 para proteger a los surfistas como grupo de usuarios de esa zona. En 2006, se delimitó otra zona de rompiente en la entrada del puerto de Whangamatā, donde se encuentra otra de las rompientes famosas del país, Whangamatā Bar. De esta manera, se establecen medidas para controlar el uso de embarcaciones en zonas reservadas a modalidades recreativas como el surf, la natación y el buceo. Su implementación se da a través del mapeo de las zonas reservadas en la Ordenanza y la señalización de apoyo in situ. 

Mapa de Raglan con las zonas de surf designadas como zonas reservadas. Fuente: Ordenanza de Seguridad de la Navegación,

La Declaración Política Regional de Southland de 2017 contiene un capítulo sobre el entorno costero. Por su parte, el Ngāi Tahu ki Murihiku, Plan de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente Iwi de 2008 (Te Tangi a Tauira) es un documento de planificación que identifica una serie de actividades que pueden afectar la salud cultural del medio ambiente costero. En 2021, Environment Southland está llevando a cabo una revisión de su Plan Costero Regional, y ha solicitado la identificación de las rompientes de importancia regional en Southland, para su inclusión en el plan.

Las 13 rompientes de importancia regional, de oeste a este, son Big Bay, Martins Bay, Blue Cliffs, Frenches Reef, Porridge, Beatons, Raratoka, Nicks Point, Colac Bay, Riverton Rocks, Oreti Beach, Haldane Bay y Porpoise Bay. Cada rompiente de importancia regional está delimitada como área de rompientes. Porridge y Beatons, y Martins Bay y Big Bay, comparten áreas de rompientes denominadas, respectivamente, Pahia y Awarua. Se recomienda incluir estas RIR en el PCR.   

Se requiere más información para determinar de forma concluyente si Mason Bay, Saber Reef, Avalanches, 2nd Break y 3rd Break pueden considerarse de importancia regional. Mientras tanto, se recomienda que al menos se reconozcan como recursos para la práctica del surf bajo la consideración de "rompientes de importancia local, o potenciales rompientes de importancia regional".


Los esfuerzos de Environment Southland para proteger sus rompientes incluyen los siguientes componentes metodológicos:

1. Identificación de rompientes
   
   

2. Caracterización
   
   

3. Criterios de importancia (consulta pública)
   
   

4. Delimitación de zonas de rompientes para cada rompiente de importancia regional
   
   

5. Delimitación de corredores de oleaje o sweel,

Delimitación, en rojo, del área de rompiente para Frenches Reef. Fuente: Environment Southland.

Corredor de oleaje de Riverton Rocks superpuesto sobre topografía y batimetría modelo. La línea roja es la zona jurisdiccional de Environment Southland. El corredor de oleaje fuera del mar territorial es translúcido. El color graduado del corredor de oleaje es el ‘porcentaje relativo de actividad’ (izquierda) y se proporciona en una escala logarítmica (derecha) para visualizar toda la gama. Fuente: Environmental Southland.

Según la Ley de Gestión de Recursos de 1991, cualquier persona o entidad que desee realizar una actividades que pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente debe solicitar una autorización. Esto incluye actividades como, entre otras, la construcción de infraestructuras, la extracción de recursos naturales, el desarrollo urbano y la agricultura intensiva.

El proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) implica la presentación de una solicitud de consentimiento ambiental ante la autoridad local o regional correspondiente. Esta solicitud debe incluir información detallada sobre los posibles efectos ambientales de la actividad propuesta, así como medidas de mitigación y manejo propuestas. La EIA debe incluir todos los impactos potenciales sobre el ambiente, una evaluación del nivel de los impactos potenciales y una propuesta para evitar remediar o mitigar los impactos adversos.

La autoridad competente revisará la solicitud y llevará a cabo una evaluación de impacto ambiental para determinar los posibles efectos y riesgos. También se deben considerar los valores y principios del tratado de Waitangi, que establece una asociación entre el gobierno de Nueva Zelanda y las tribus maoríes.

La autoridad puede, en función de la evaluación, otorgar el consentimiento ambiental con condiciones o sin ellas, negar el consentimiento o solicitar información adicional. Si se otorga el consentimiento, se pueden establecer condiciones específicas para garantizar la mitigación de los impactos ambientales y el monitoreo continuo de la actividad.

Para gestionar efectivamente las rompientes, es fundamental que, en los procesos de evaluación de impacto ambiental, las consideraciones exijan que se reflejen los impactos potenciales y reales de la actividad, cómo debe supervisarse, así como los procedimientos de gestión que pueden aplicarse para evitar, remediar o mitigar cualquier impacto adverso.

En lo que respecta a las rompientes, los principales impactos a prevenir son aquellos que pueden modificar las características de las rompientes, la calidad del agua y el acceso a las rompientes. Por lo tanto, es fundamental recopilar datos de referencia o línea base para determinar las características y la mecánica de las olas para surfear. Además, debido a la falta de investigación, todavía se desconocen muchos impactos potenciales sobre las rompientes. Esto significa que el monitoreo de la línea de base es crítico para determinar los impactos.

Un EIA debe garantizar que los efectos sobre una rompiente (reales y potenciales) son menores o insignificantes, o que cualquier efecto adverso puede ser evitado, remediado o mitigado antes de conceder la autorización de recursos.

Tradicionalmente se han ignorado los impactos sobre las rompientes; cuando se ha reconocido dicho impacto, se ha revisado de forma superficial. Por ejemplo, cuando se construyó la rampa para embarcaciones de Manu Bay, se obtuvieron todos los permisos ambientales y la rampa se construyó sin que se llevara a cabo una investigación seria de las repercusiones que la rampa tendría sobre las rompientes: no existían metodologías técnicas para evaluar las rompientes y tampoco se exigieron durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Varios expertos han señalado que una de las claves del éxito en la gestión integrada de zonas costeras es la identificación y recopilación de datos pertinentes para gestionar las amenazas o para determinar los elementos que una EIA debería incluir para la protección de rompientes. Resulta clave invertir en la recopilación continua de esos datos para que estén fácilmente disponibles en caso de que una rompiente se vea amenazada.

No obstante, a la fecha existe una lista significativa de casos en los que los impactos sobre las rompientes de surf han sido reconocidos e incorporados en la evaluación de impacto ambiental para la solicitud de consentimiento de recursos, o bien han sido impugnados en los tribunales de Medio Ambiente y los tribunales superiores. Estos casos no se han limitado a las rompientes de importancia nacional, e incluyen a rompientes locales o regionales tales como Town Reef (Napier), Kaituna Cut (Bay of Plenty), Mangamaunu (Kaikoura; SBNS), Takapuna Reef (Auckland), Whangamata Bar (Coromandel; SBNS), varias rompientes a lo largo del estuario occidental del Támesis (Auckland), The Corner y Lyall Bay (Wellington), Taylor's Mistake (Christchurch), Whareakeake y Aramoana (Dunedin; SNBS), Titahi Bay (Wellington), Waiwhakaiho (Taranaki) y Waipaoa River Mouth (Gisborne).

Aramoana es un rompiente de alta calidad que estaba siendo afectada por vertidos y dragados. A través de la mediación entre Surfbreak Protection Society (SPS) y Port Otago Ltd, se concedió un permiso temporal de tres años que restringía, en gran medida, el volumen de vertido cerca de la costa para determinar sus impactos. Además, se prohibieron los vertidos de todo tipo cerca de la costa durante los cos primeros años. Mediante una combinación de vigilancia por video a distancia, repetición de estudios batimétricos, modelización numérica y encuestas a los surfistas locales, se comprobó que la calidad de las olas había mejorado notablemente. Esta mejora, producto de la restricción de los volúmenes de vertido, se correlacionaba con una reducción del volumen de arena dentro de la bahía de Aramoana a medida que esta se desplazaba, de forma natural, hacia el oeste y alrededor de la punta. Foto: Rambo Estrada (incluida en el informe "Directrices sobre teledetección, clasificación y gestión de rompientes de importancia nacional y regional: caracterización inicial de los lugares de estudio").

En Canterbury, la Compañía Portuaria de Lyttleton realiza vertimiento de dragas por mantenimiento cerca de la costa. Esto podría alterar tanto la calidad del agua como la batimetría, lo que a su vez alteraría las rompientes que allí se ubicaban. A raíz de un recurso de la Surfbreak Protection Society, en la autorización de recursos para el vertido de dragas de mantenimiento, se incluyó como condición que la comunidad local participara compartiendo información sobre la calidad de las olas, supervisando y determinando, dado el caso, la necesidad de adoptar medidas de gestión. En la imagen, la playa de Taylors Mistake aparece cerrada tras ser declarada insegura debido a un vertido de aguas residuales. Foto: Stacy Squires.

Whangamata Bar es una de las rompientes de importancia nacional de Nueva Zelanda. Actualmente, se debate si la calidad de la ola se encuentra comprometida por un programa de dragado para el canal de entrada del muelle del puerto, que afectaría la batimetría y los movimientos de marea. Foto: Jwan Milek (incluida en el informe "Management Guidelines for Surfing Resources).

En 2018, un terremoto en Kaikure, pueblo cercano a la famosa rompiente de importancia nacional de Mangamaunu, hizo que desarrolladores quisieran construir una ciclovía que, por acogerse a la Ley de Emergencia, podía omitir la respectiva evaluación de impacto ambiental. Surfbreak Protection Society presentó una demanda judicial y llevó el caso hasta la Corte Suprema de Nueva Zelanda, con lo cual logró evitar la construcción de ese proyecto, dado que podría afectar la ola y sitios históricos y sagrados para la población indígena. Foto: Warren Hawke (incluido en el reportaje “Iconic Mangamaunu Point Break Gets Reprieve, Carpark Axed” de Dereck Morrison).

La Ley de Gestión de Recursos de 1991 establece el marco legal para la gestión de la contaminación del agua y la protección de los ecosistemas marino-costeros. Asimismo, hay otras leyes y regulaciones que abordan la contaminación marina y la protección del medio ambiente en Nueva Zelanda. A continuación, se señalan alguna:

• Ley de Contaminación del Agua (Water Pollution Act). Esta ley regula la contaminación del agua y establece normas para la calidad del agua en ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

• Ley de Conservación de la Vida Marina (Marine Mammals Protection Act). Esta ley protege a los mamíferos marinos, como delfines y ballenas, y establece restricciones sobre la interacción con ellos.

• Ley de Protección del Medio Ambiente Marino (Marine Protection Act). Esta ley tiene como objetivo proteger el medio ambiente marino y la biodiversidad costera mediante la creación de áreas marinas protegidas y la regulación de actividades humanas en esas áreas.

• Ley de Protección del Medio Ambiente (Environment Protection Authority Act). Esta ley establece una agencia de protección ambiental (Environment Protection Authority, EPA) que tiene la responsabilidad de regular y controlar las actividades que podrían tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Por su parte, la Política Nacional Costera contiene disposiciones relacionadas con la contaminación, en el marco de su Objetivo 1 y de las Políticas 21 y 23. Otra normativa destacable es la Ley de Minimización de Residuos de 2008, que fomenta la reducción de la cantidad de residuos generados en Nueva Zelanda. El objetivo es reducir el daño ambiental que causan los residuos generados en Nueva Zelanda. El objetivo es reducir el daño ambiental que causan los residuos y proporcionar beneficios económicos, sociales y culturales a Nueva Zelanda.

Finalmente, la Política Nacional Costera de Nueva Zelanda contiene dos objetivos (4 y 6) y tres políticas (18,19 y 20) relacionadas con el acceso público a las zonas de rompientes